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Las legislaciones procesales civiles citadas no contemplan alguna disposición en la que expresamente se prevea una prohibición o una permisión para la presentación simultánea de dos recursos ordinarios (el de revocación y el de apelación) contra la misma determinación judicial, ni cómo debe proceder el juzgador en ese supuesto, por tanto, se torna necesario realizar una integración del sistema de recursos para establecer una regla al respecto. Ahora bien, sobre la base de que el proceso jurisdiccional es el medio instrumental dispuesto por el Estado, a través de la ley, para prestar la administración de justicia y ésta, es la garantía de realización del derecho de tutela judicial efectiva protegido por el artículo 17 constitucional, y teniendo en cuenta que el derecho de adecuada defensa comprende el derecho procesal a recurrir las resoluciones judiciales, a través de los recursos ordinarios que la ley disponga para ello, se considera que, si contra una misma determinación judicial (entiéndase, una misma cuestión jurídico procesal), el justiciable plantea tanto el recurso de revocación como el de apelación, el juzgador no debe prevenirlo para que elija uno de esos recursos a efecto de que sea sobre el que se provea, sino que debe acordar ambos conforme a derecho proceda y admitir, en su caso, el que resulte procedente y desechar el otro. Esto atiende a que, si bien es cierto que ambos recursos se excluyen entre sí, pues tienen hipótesis de procedencia diferenciadas y uno no invade el ámbito del otro y por ende, no es factible que ambos puedan coexistir en forma simultánea ni sucesiva; en el supuesto analizado de ningún modo se busca que ambos recursos sean admitidos, sustanciados y resueltos, sino simplemente que, ante la duda genuina del justiciable sobre la naturaleza de la decisión judicial que pretende recurrir, cuando la calificación de ésta dependa de la interpretación o apreciación del Juez, se reconozca viable el planteamiento de los dos recursos, a fin de que sea el juzgador quien establezca cuál es el procedente. Esta conducta procesal se estima válida, pues obedece al propósito previsor del interesado de eliminar el riesgo de perder su oportunidad procesal de impugnar la decisión que le perjudica, en caso de que la interpretación judicial no favorezca la procedencia del recurso por el que hubiere optado. Además, se ha de tener en cuenta que el justiciable no evade su carga procesal de impugnación y debe cumplir con las formalidades exigibles para cada recurso. Asimismo, no se excluye la posibilidad de que, establecido cuál es el recurso idóneo conforme a la naturaleza de la resolución recurrida, éste también pueda llegar a desecharse si no se satisfacen otros requisitos exigibles. Por último, debe decirse que esta determinación es acorde con el imperativo que establece el artículo 17, párrafo tercero, constitucional, que vincula a los juzgadores a que, en el proceso jurisdiccional, privilegien la atención de las cuestiones sustanciales sobre cualquier formalismo procesal, lo que implica asumir una conducta de favorecimiento de la acción, siempre que no se contravengan la igualdad de las partes, el debido proceso u otros derechos, siendo que en el supuesto examinado, no se advierte alguna contravención de esa índole.